El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, quien alquila una oficina en el edificio del Centro de Investigación de Comunicaciones (CINCO) de la ONG, habla con la prensa para denunciar daños durante una redada policial en Managua el 14 de diciembre de 2018. AFP
La policía de Nicaragua desplegó ayer violentas operaciones de allanamiento al medio opositor Confidencial y organismos cívicos y de derechos humanos, en una intensificación de acciones contra críticos del gobierno de Daniel Ortega.
“Saquearon nuestra redacción. (Es) un ataque brutal contra la libertad de prensa, y libertad de empresa”, manifestó el periodista Carlos Fernando Chamorro, propietario de Confidencial, un medio digital que investiga denuncias de corrupción.
El allanamiento de Confidencial, sin orden judicial, tomó por sorpresa a Chamorro, quien no fue notificado de ninguna acción en contra de su empresa, que también incluye a los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche.
“Fue un asalto brutal (...) Entraron a las oficinas y saquearon con lujo de violencia, (...) se llevaron computadoras, equipos de edición y toda clase de documentos”, dijo Chamorro.
Aseguró que las autoridades pensaban que en el lugar funcionaba el Centro de Investigación y Comunicación (Cinco), una de las nueve oenegés a las que el parlamento canceló la personería jurídica acusándolas de participar en un intento de golpe de Estado por apoyar las protestas antigubernamentales iniciadas en abril.
El comunicador es hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, un férreo crítico de la dictadura dinástica de la familia Somoza, hasta su asesinato en 1978.
Simultáneamente fueron allanadas las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que ha acompañado y documentado las denuncias de abusos durante las protestas antigubernamentales, que según sus informes han dejado 322 muertos, más de 600 detenidos, 2000 heridos y miles de asilados en países vecinos.
Vista de daños en la oficina del periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro. AFP
Patrón de violaciones
Otras entidades violentadas fueron la fundación Popol Nah en Managua, la Fundación del Río, en Río San Juan (sur), el Instituto de Liderazgo de las Segovias, en Nueva Segovia (norte), y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
El Ministerio de Gobernación (Mingob) en un comunicado reiteró que estos organismos a los que se canceló su registro legal “violentaron la naturaleza de sus funciones” y les acusó de promover “crímenes de odio”. El Mingob no hizo mención a lo actuado contra Confidencial.
“Estos organismos violentaron a través de todo tipo de irregularidades, no sólo la administración de los fondos gestionados y recibidos, sino que atentaron gravemente contra la paz, y los derechos humanos de los nicaragüenses”, señaló el Mingob. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) expresó su “enérgica condena” a los allanamientos policiales.
“Estos actos (...) constituyen, en conjunto, un patrón de violaciones de las libertades fundamentales de expresión y asociación con serio impacto en todos los demás derechos de las y los nicaragüenses”, dijo la OACNUDH en su cuenta de la red Twitter.
La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Ana María Tello se presentó ayer a las oficinas de Confidencial para constatar lo ocurrido en el local de la publicación.
“No cabe duda de que en las últimas semanas ha habido un incremento notable del hostigamiento a las ONG, miembros de la prensa, y en los últimos dos días, con el cierre de varias ONG, queda claramente demostrado que hay hostigamiento importante de las fuerzas policiales”, Declaró Tello. El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó duramente las acciones represivas y aseguró que con ellas “no conseguirán ocultar la opresión sistemática al pueblo nicaragüense”.
“Las medidas arbitrarias y antidemocráticas desacreditan todavía más al régimen de Ortega ante los nicaragüenses y el resto del mundo”, señaló el comunicado atribuido a Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado.